La Guardia Civil y la Policía Nacional han logrado desmantelar un grupo criminal altamente activo, especializado en el robo de viviendas rurales en el sureste de España. La operación, que contó con la colaboración de varias unidades de seguridad de Alicante, Torrevieja, y otras regiones, ha culminado con la detención de doce miembros del grupo y el ingreso en prisión de ocho de ellos, dictado por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Orihuela.
Desde agosto de 2023, la provincia de Alicante y áreas adyacentes experimentaron un notable incremento en robos a viviendas aisladas. En respuesta, se lanzó la operación Welter-Granizo, coordinada por la Guardia Civil de Villena y el Grupo de Policía Judicial de Orihuela. Los investigadores identificaron rápidamente la naturaleza organizada y la alta actividad del grupo, que realizaba sus operaciones principalmente de noche, en algunos casos efectuando hasta seis robos en un solo día.
Los delincuentes seleccionaban cuidadosamente sus objetivos, forzaban entradas y sustraían objetos valiosos. Usaban vehículos robados, a menudo con placas falsas, para transportar lo robado y tenían rutas de escape predeterminadas que utilizaban para llegar a zonas seguras.
El 17 de diciembre de 2023 marcó el inicio de la fase crucial de la operación, con la identificación y detención de todos los miembros de la banda. Los registros en siete viviendas y una nave industrial en distintas localidades dieron como resultado la incautación de herramientas para robos, dispositivos electrónicos para desactivar sistemas de seguridad vehicular, llaves maestras falsificadas, y una gran cantidad de objetos robados. También se recuperaron 13 vehículos sustraídos y se incautaron importantes cantidades de drogas.
Los detenidos, de nacionalidades marroquí y española, enfrentan cargos por pertenencia a grupo criminal, delitos contra el patrimonio, tráfico de drogas, y otros delitos relacionados.
Este exitoso operativo ha permitido esclarecer más de 100 delitos cometidos en diversas provincias, incluidas Alicante, Albacete, Murcia, Almería, Ciudad Real y Valencia, y ha puesto fin a las actividades de un grupo que causó pérdidas económicas significativas en la región.
