El Pleno ordinario celebrado hoy, lunes 23 de diciembre, ha aprobado la resolución de alegaciones y la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos urbanos en Torrevieja.
Modificación para adaptarse a la normativa estatal
El concejal de Economía y Hacienda, Domingo Paredes, explicó que esta modificación responde a la necesidad de adecuar la ordenanza a la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, aprobada por el Gobierno de España. Esta normativa establece la obligación de que a partir de enero de 2025 los vecinos de los municipios asuman el coste total del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos.
Resolución de alegaciones
Los técnicos de la Tesorería General del Ayuntamiento desestimaron las alegaciones presentadas por los grupos de la oposición, argumentando que estas se centraban en bonificaciones que no forman parte de la modificación de la tasa.
Propuesta de bonificaciones en estudio
Para atender la controversia generada en torno a las bonificaciones, el departamento de Hacienda está elaborando un estudio sobre el impacto económico y la viabilidad legal de las mismas. Entre las propuestas en evaluación por el Grupo Municipal Popular se incluyen:
- Bonificación del 30% de la tasa para empresas constituidas en la anualidad anterior.
- Bonificación del 30% para empresas que acrediten pérdidas en las dos anualidades previas.
- Bonificación del 25% durante cinco años para jóvenes que accedan a su primera vivienda.
Datos actuales del coste del servicio
Hasta ahora, los vecinos de Torrevieja cubren aproximadamente el 38% del coste total del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos mediante sus recibos, mientras que el 62% restante es asumido por el Ayuntamiento. Sin embargo, la nueva normativa obligará a que este coste sea íntegramente soportado por los ciudadanos a partir de 2025.
Esta modificación marca un paso hacia el cumplimiento de la normativa nacional y pone en evidencia la importancia de estudiar mecanismos para mitigar el impacto económico en la población.
