El reglamento del Pleno del Ayuntamiento de Torrevieja es un ejemplo claro de cómo las instituciones, en lugar de ser herramientas de transparencia y fiscalización, se convierten en instrumentos de control. Estas normativas, diseñadas supuestamente para organizar el debate, en realidad sirven para limitar el acceso a la información, reducir la pluralidad y consolidar el poder del equipo de gobierno. Este tipo de medidas, lejos de ser una excepción, son una estrategia común en todos los niveles de la administración, y solo reflejan un deterioro progresivo de la calidad democrática en nuestra sociedad. Es el momento de exigir reglas más justas y transparentes, donde la oposición pueda ejercer su papel sin limitaciones impuestas por quienes ocupan el poder.
Luis Andreu Orenes
¿Por qué debería importante esta noticia?
La revisión del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Torrevieja deja en evidencia un patrón preocupante que se repite en diversas instituciones de gobierno: la tendencia a concentrar el poder y limitar el alcance de la fiscalización, independientemente del partido político que ocupe el mando. Este reglamento, en teoría diseñado para regular el funcionamiento del pleno y garantizar la transparencia, en la práctica ofrece múltiples herramientas que permiten al equipo de gobierno controlar el debate y reducir la capacidad crítica de la oposición.
La Transparencia, un Valor Retórico en la Política Local
Uno de los puntos más inquietantes de este reglamento se encuentra en los artículos 12 y 13, que regulan el acceso de los concejales a la información. Aunque en principio se permite que los ediles accedan a los libros de registro de entrada y salida, la realidad es que acceder a la documentación adjunta requiere de una solicitud formal, generando una barrera innecesaria para el control efectivo. La negativa a proporcionar copias o la limitación a un acceso exclusivamente presencial cuando se trata de documentación voluminosa, no solo retrasa el trabajo de la oposición, sino que también da margen al equipo de gobierno para jugar con los tiempos, bajo la excusa de “carga de trabajo”.
Esto no es un simple tecnicismo; se trata de una estrategia sutil pero eficaz para reducir la capacidad fiscalizadora de los concejales. A nivel de discurso, todos los gobiernos se llenan la boca hablando de transparencia, pero cuando analizamos estas normativas, queda claro que esa “transparencia” está diseñada para ser tan opaca como se permita en la letra pequeña. A fin de cuentas, quien tiene el control de la información tiene el control de la narrativa.
Un Control Absoluto en Manos de la Presidencia
El artículo 31 del reglamento otorga a la presidencia del pleno una autoridad desmedida para dirigir las sesiones. Esto incluye ordenar las intervenciones, limitar el tiempo de participación y hasta aplicar sanciones disciplinarias. En otras palabras, quien ocupa la presidencia –normalmente un miembro del equipo de gobierno– se convierte en árbitro y jugador a la vez, decidiendo quién puede hablar, cuándo y durante cuánto tiempo.
Esta concentración de poder en la figura de la presidencia no solo socava el debate democrático, sino que también favorece indirectamente a quien está en el poder. Al limitar las voces críticas o reduciendo su tiempo de intervención, el equipo de gobierno puede manipular el debate público, minimizando la exposición de temas incómodos o evitando cuestionamientos profundos. Esta dinámica reproduce, en menor escala, lo que observamos en gobiernos de mayor rango, donde el control de los mecanismos de debate y las instituciones de transparencia es la clave para mantener el poder sin mayores sobresaltos.
La Estrategia del Silencio: Limitar Mociones y Preguntas
En este mismo sentido, las limitaciones impuestas a la presentación de mociones y preguntas son un claro ejemplo de cómo el reglamento favorece la estabilidad del equipo de gobierno a costa de una verdadera fiscalización. Al restringir el número de mociones por sesión plenaria a una por grupo, y limitar las preguntas a tres, se reduce drásticamente la capacidad de la oposición para plantear y cuestionar temas relevantes. ¿Qué tipo de democracia es aquella en la que la oposición solo tiene una oportunidad por sesión para fiscalizar al gobierno?
Estas restricciones, aparentemente justificadas en términos de eficiencia o para evitar debates interminables, son en realidad una forma de censura política encubierta. Cuantas menos oportunidades tenga la oposición para cuestionar, menos oportunidades tendrá el público para conocer lo que realmente está ocurriendo. Es un juego de control en el que el que gobierna tiene todas las cartas, y la oposición queda acotada a un rol casi decorativo.
El Deterioro del Debate y la Pluralidad Democrática
Es importante destacar que estas medidas no solo afectan a los concejales de la oposición como grupo, sino también a los ediles no adscritos, quienes suelen representar voces disidentes o minoritarias. El artículo 28 del reglamento les otorga menos tiempo de intervención que a los concejales de grupos políticos, lo cual es un atentado directo contra la pluralidad y la diversidad en el debate.
Aquí, el mensaje es claro: si no formas parte del “sistema”, tendrás menos derechos. Una vez más, el reglamento, bajo la excusa de la organización y la eficiencia, actúa como un filtro que favorece la narrativa del equipo de gobierno y reduce las posibilidades de voces discordantes. Esto no es más que un reflejo a pequeña escala de lo que ocurre en muchas democracias, donde los gobiernos, sean del color que sean, tienden a silenciar o minimizar a las minorías incómodas.
Una Estrategia Común: Centralizar el Poder, Independientemente del Partido
La realidad es que este tipo de mecanismos no son exclusivos de un gobierno local como el de Torrevieja, sino que son una tendencia en todos los niveles de la administración pública. Tanto a nivel municipal, como autonómico o nacional, el objetivo de cualquier gobierno es centralizar el poder y reducir el margen de maniobra de la oposición. Esto ocurre de forma más descarada cuanto más alto se está en el escalafón del organismo gobernante, donde las reglas son diseñadas, no para fomentar la democracia y la transparencia, sino para mantener el control y reducir la rendición de cuentas.
Así, la verdadera democracia no está en las declaraciones públicas ni en los programas electorales, sino en los reglamentos que, lejos de proteger la transparencia y la pluralidad, construyen una trampa en la que el equipo de gobierno siempre tiene la ventaja. No importa qué partido esté en el poder, el mecanismo es el mismo: consolidar el control a expensas de la oposición.
